La Comisión de Gobierno planifica comenzar el proceso de vistas públicas en marzo
El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz González, aseguró hoy, jueves, que se encuentra un paso más cerca de radicar una nueva legislación que mejore el acceso a la información pública, como resultado del proyecto Diálogo de Transparencia Gubernamental.
El legislador informó que en marzo debe arrancar el proceso de vistas públicas sobre la nueva legislación tras culminar las mesas de diálogo que efectúa desde la pasada sesión legislativa, con el fin de auscultar la probabilidad de enmendar o derogar la Ley de Transparencia (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno (Ley 122-2019).
Esta iniciativa contó con la participación de agencias, gremios periodísticos y organizaciones sin fines de lucro que han rechazado la implementación de ambos estatutos, pues señalan que, en lugar de facilitar el acceso a información pública, crearon más obstáculos.
“Como hicimos en las mesas anteriores, nos vamos a llevar lo que se discutió aquí hoy. Vamos a trabajar en incorporar esas observaciones en un borrador. Vamos a hacer vistas públicas, pero antes de hacerlas vamos a enviarles el borrador”, indicó Ortiz González a una decena de deponentes.
“Quiero que el proceso sea lo más abierto posible”, abundó.
El representante detalló ocho aspectos principales que se recogieron en las pasadas mesas de diálogo y que encaminarán la nueva legislación:
1. Derogación o enmiendas a las Leyes 141 y 122.
2. Alcance y aplicación a las tres ramas de gobierno, con extensión a terceros que custodian documentación pública.
3. Establecer que las entidades encargadas de implementar la legislación serán el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR). El IEPR, específicamente, será la agencia facultada para implementar la política pública.
4. Añadir una nueva sección de definiciones.
5. Reducir la cantidad de excepciones establecidas en la Ley 122 para la divulgación de datos públicos.
6. Añadir categorías de documentos que deberán ser divulgados proactivamente.
7. Reducir a cinco días laborables, con prórroga de cinco días adicionales, el tiempo límite para que una agencia o entidad gubernamental entregue información debidamente solicitada. En casos de divulgación proactiva, la entrega deberá ser inmediata.
8. Incluir penalidades por incumplimiento desde $500 hasta $1,000.
Al encuentro de este jueves comparecieron portavoces de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Overseas Press Club (OPC), Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Espacios Abiertos, Comisión de Derechos Civiles, Somos Más Puerto Rico y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho en la Universidad Interamericana. Aunque coincidieron en la mayoría de los cambios, expresaron sus preocupaciones acerca de la lista de excepciones.
“Siempre hemos entendido que este proceso de solicitud de información pública requiere algún tipo de orden, pero, sobre todo, entendemos que ese orden tiene que propender a la agilidad con la que se produce la información pública para beneficio de todos los ciudadanos”, enfatizó Luis Guardiola, presidente del OPC.
“En términos de las excepciones, todavía me parece que hay muchas excepciones. Entiendo las razones de la mayoría de ellas, pero el hecho de que entienda las razones no quiere decir que esté de acuerdo con ellas”, determinó el también periodista y abogado.
Por su parte, el director ejecutivo interino del IEPR, Orville Disdier, manifestó que está de acuerdo “básicamente con todos los puntos”, pero necesita el presupuesto para poder reclutar más recursos para hacer posible la implementación de la nueva legislación.
“Necesitaríamos que en ese futuro proyecto de ley se incluya una asignación especial para que el Instituto pueda llevar a cabo esto de manera efectiva. Digamos que tenemos a ese principal oficial de datos respondiendo al Instituto, en colaboración con PRITS, pero necesitamos el presupuesto para eso”, requirió el funcionario.
Justicia, mientras tanto, mostró reparos con la disminución en los días para responder una solicitud de información, pues la agencia alegó que, en caso de no estar disponibles inmediatamente ciertos documentos, el término de cinco días podría ser “oneroso para cumplirlo”.
A modo de ejemplo, la licenciada Amanda Cancel mencionó el caso de documentos que estén disponibles en oficinas ubicadas en regiones lejos de la sede de la agencia, por lo que digitalizarlos podría demorar el tiempo en que sean entregados al solicitante. La portavoz sugirió que se incluya un lenguaje que elimine la obligación de utilizar todos los días que dispone la ley.
Sin embargo, este argumento no fue apoyado por los gremios periodísticas luego de que manifestaron que la mayor dificultad que enfrentan sus periodistas es que las agencias no cumplen con los 10 días que establece la legislación actual.
“No nos parece razonable plantear que, porque una información se produce en Mayagüez o en Ponce, y se tiene que escanear, eso requiera espacios abiertos de tiempo. Hemos tenido esta experiencia concretamente en peticiones de información, y pasan meses con la excusa de que la agencia está digitalizando documentos en Mayagüez”, denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
“Hay que ponerles un término lo más corto posible. En el ejercicio nuestro como periodistas, este tema es determinante para que nuestro acceso a la información ocurra de manera oportuna”, puntualizó.
La periodista también insistió en la necesidad de un proceso intermedio de fiscalización en cuanto a la divulgación proactiva. Según la Ley de Datos Abiertos, la divulgación proactiva es la publicación de los datos que originen, conserven o reciban los organismos gubernamentales por medio de Internet y en formatos abiertos antes de que estos sean requeridos por cualquier persona.
“Definitivamente, la mayoría de las agencias no están cumpliendo con lo que actualmente está legislado de divulgación proactiva”, afirmó.
